El CELS, junto con ACIJ, COPADI, CORHE y FARN, presentaron una impugnación contra la candidata a jueza del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, Daniela Ugolini, propuesta por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri. Las organizaciones entienden que Ugolini no cumple con los requisitos de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso con los derechos humanos, que son exigidos para ocupar tan importante cargo. La impugnación presentada pretende aportar elementos de análisis para el debate sobre la conformación de una justicia democrática e independiente en la Ciudad y remarcar la responsabilidad política en la elección de jueces que no acrediten un incuestionable compromiso con estos valores.
“Las posiciones jurídicas y valorativas expresadas en sus dictámenes como Procuradora General de la Ciudad entre 1999 y 2000 y actualmente como Fiscal de Cámara resultan proclives a evitar el control judicial de los actos de la administración y representativas de una concepción muy débil y restrictiva de la función judicial en la protección de los derechos humanos, especialmente respecto de los sectores más vulnerables”. Para el CELS, estos antecedentes resultan incompatibles con el perfil requerido para integrar el tribunal que interpreta en última instancia los derechos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, reconocidos en la Constitución local, la nacional y los pactos internacionales de derechos humanos.
Las consideraciones analizadas en la impugnación evidencian “una grave confusión entre la defensa del interés general y el interés del Estado y hacen sospechar de su capacidad para sostener independencia de criterio como jueza del máximo tribunal de la Ciudad”.
Las organizaciones recordaron que fue la candidata del actual jefe de gobierno de la Ciudad, quien apoyó en su momento el cierre de la muestra artística de León Ferrari sosteniendo que se trataba de una obra “anti-cristiana” en manifiesta violación a la libertad de expresión y la prohibición de censura previa y quien opinó que se debía pedir el consentimiento del marido, aún en los casos en que existiera consentimiento informado de la mujer, para una operación de ligadura de trompas.
Por otra parte, fue Ugolini quien avaló en diversas oportunidades con sus dictámenes decisiones del gobierno restrictivas de derechos, que afectaban fundamentalmente a grupos especialmente vulnerables. En sus actuaciones, Ugolini no reconoció la vigencia de los derechos constitucionales a una vivienda digna, a la salud, al trabajo, a peticionar a las autoridades, entre muchos otros. Por el contrario, fue partidaria de sobreponer a estos derechos el ámbito discrecional de la administración, convirtiéndolos en meras gracias o facultades del gobernante.
Hace 9 años.
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