La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló en contra del Estado mexicano por el femicidio de Ciudad Juárez ocurrido en 2001. La sentencia, que representa un hecho histórico en la lucha contra la violencia de género, se basó en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belem do Pará.
En un fallo sin precedentes, y que aún no se hizo público pero se difundió en varios medios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconoció que el gobierno mexicano es responsable por el femicidio de 2001 en las afueras de Ciudad Juárez, en el límite con Texas, Estados Unidos.
Así, ocho años después del episodio en el que se encontraron los cuerpos de ocho mujeres de entre 15 y 19 años – de los cuales sólo tres fueron reconocidos -, el tribunal creado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que, tanto durante los mandatos de Vicente Fox como de Felipe Calderón, el Estado mexicano negó a las familias de las víctimas dos derechos básicos: los de justicia y reparación.
Pero además, el fallo cobra especial importancia porque para su redacción se tomó en cuenta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belem do Pará, la que reconoce como violencia contra la mujer a ``cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado``.
Es justamente esa Convención la que el Estado mexicano firmó en junio de 1995, el Senado aprobó un año más tarde, y la que fue ratificada a fines de 1998.
El hecho que motivó el fallo de la CIDH ocurrió en octubre de 2001, cuando la policía local encontró los cuerpos de ocho mujeres en un descampado de Ciudad Juárez. Con señales de tortura sexual, sólo tres cadáveres fueron identificados: los de Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Claudia Ivette González, de 19, y Laura Berenice Ramos, de 17.
A pesar de haber identificado los cuerpos, las autoridades no dieron aviso a ninguna de las familias de las víctimas. En cambio, éstas conocieron la noticia a través de la televisión. Más tarde, las madres de las mujeres asesinadas señalaron a distintos medios la negligencia del personal policial ante su pedido de respuesta. Así lo contó a El País la mamá de Esmeralda, Irma Monreal: ``La primera vez que fui a la policía y a las autoridades pidiendo ayuda, ellos me respondieron: `Señora, vaya y búsquela usted y pregunte a ver qué le dicen, y según lo que usted investigue, pues viene y nos lo dice'''.
Tras las muestras de maltrato por parte de la policía, las madres de las víctimas presentaron una demanda ante la CIDH en Costa Rica. Acompañadas y asesoradas por distintas organizaciones latinoamericanas, ellas denunciaron no solamente el estado de desprotección en Ciudad Juárez para todas las mujeres, sino también la falta de diligencia para investigar los crímenes ya cometidos.
Fruto de esas denuncias, a mediados de 2007 la CIDH demandó al Estado mexicano por los asesinatos; lo hizo señalando la falta de medidas de prevención y la no investigación debida del caso, lo cual ha impedido castigar a sus autores.
Por ello, el gobierno de México ahora deberá pagar reparaciones a familiares de víctimas, entre las que estarían la compensación en dinero, el cuidado médico y tratamiento psicológico, y la educación en derechos humanos para los grupos más vulnerables, entre otras.
Fuente: Artemisa Noticias; Por Flavia Mameli
Hace 9 años.
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